Los derechos operativos de los dos principales puertos del Canal de Panamá han cambiado y Maersk Terminals ha sido adquirida temporalmente.
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La Corte Suprema de Panamá dictaminó el 29 de enero que las concesiones operativas a largo plazo de las subsidiarias de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, en los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá (Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal) eran inconstitucionales.
En respuesta a este veredicto, el Presidente de Panamá inmediatamente declaró públicamente que las operaciones diarias de los dos principales puertos no se interrumpirían. El gobierno ha hecho arreglos temporales y APM Terminals, una empresa operadora de terminales del Grupo Maersk, será administrada temporalmente. La Autoridad Marítima de Panamá coordinará y prometerá que no habrá despidos en el proceso.
Este fallo ha causado preocupación e inquietud generalizada en la industria del transporte portuario. Un experto de la industria dijo de forma anónima que los medios internacionales habían informado sobre el fallo antes de que se anunciara, lo cual fue sorprendente. La persona señaló además que la sentencia plantea dudas sobre el entorno de protección legal para las inversiones de Panamá.
Hutchison Ports Panama Company (PPC), que ha operado los puertos antes mencionados durante casi tres décadas, emitió posteriormente un comunicado en respuesta. PPC afirmó que su contrato de concesión se originó a partir de un proceso de licitación internacional abierto y transparente. La empresa siempre ha cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales, incluida la aceptación de auditorías estatales, y siempre ha mantenido la cooperación y la transparencia. El comunicado enfatizó que durante sus 28 años de operación, PPC y sus inversionistas han invertido más de mil 800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo de recursos humanos, y la escala de inversión supera con creces la de otros operadores portuarios del país. Estas inversiones han creado una gran cantidad de empleos, han ayudado a Panamá a convertirse en un centro logístico reconocido internacionalmente, han atraído a importantes compañías navieras globales y han tenido un amplio impacto positivo en la economía nacional.
PPC señaló en el comunicado que con base en la información disponible, el fallo carece de fundamento jurídico suficiente. No sólo daña a la empresa portuaria y sus derechos e intereses contractuales, sino que también puede afectar el sustento de miles de familias que dependen de la industria portuaria y plantea un desafío a la seguridad jurídica y la reputación del entorno empresarial de Panamá.
APM Terminals, que fue designada para asumir el control temporalmente, declaró a través de medios extranjeros que no es parte en el proceso legal y que solo intervendrá y realizará tareas de gestión temporal de acuerdo con la ley, basándose en estándares técnicos, continuidad de la cadena de suministro y consideraciones de interés público, después de que el fallo de la Corte Suprema entre oficialmente en vigor y sea definitivo y vinculante.
